En plena campaña electoral, hay una alarmante noticia que no se está tocando mucho en los medios.
Perú declaró en emergencia sanitaria por 90 días la calidad del agua para consumo humano en las dos zonas de la Amazonía peruana, donde en las últimas semanas se produjeron sendos derrames de petróleo por fugas en el Oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroperú.
El primer derrame se produjo el 25 de enero a la altura del kilómetro 441 del oleoducto, en el caserío de Villa Hermosa, del municipio de Imaza-Chiriaco, en la región Amazonas.
El petróleo derramado afectó los ríos Inayo, Chiriaco y Marañón, uno de los afluentes del Amazonas, y a las comunidades indígenas de Suashapea, Pakunt, Chiriaco, Nuevo Progreso, Nazareth y Nuevo Horizonte, según la resolución de la Digesa.
La segunda fuga se registró el 3 de febrero a la altura del kilómetro 206 del mismo oleoducto, en la provincia de Dátem del Marañón, y el petróleo llegó hasta el río Mayuriaga, a 13 kilómetros del punto de la rotura, desde donde llegó al río Morona, otro afluente del Marañón.
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